EL COMPROMISO ES QUE LAS AUDITORIAS SE REALICEN CON ABSOLUTA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII
legislatura, diputado Ricardo Villareal Loo, rechazó cualquier posibilidad
de que la revisión y fiscalización de las cuentas públicas
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se desarrollen bajo un sesgo
partidista, pues afirmó que todo se llevará a cabo bajo los principios de
responsabilidad y transparencia.

El legislador se refirió a la entrega de las cuentas públicas 2018, y
señaló que existe la confianza de que los integrantes de la Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado, se mantendrán muy atentos al
trabajo de fiscalización que desarrollará la Auditoria Superior del Estado
(ASE), a fin de que se cumpla cabalmente con los procesos de
verificación sobre cada una de las cuentas públicas que serán atendidas
de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley.

Recordó que una vez que los entes auditables (58 Ayuntamientos,
Organismos descentralizados, Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial),
cumplieron con la entrega de sus cuentas públicas, la Comisión de
Vigilancia las turnará a la Auditoria Superior del Estado, a fin de que se
instauren los procesos de fiscalización y de ser necesario se podría citar
a cualquier servidor público a despejar cualquier duda en base a las
propias atribuciones de la ASE.

Por el momento, “es un tema que está en la cancha del Congreso del
Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, sin embargo, tenemos
confianza en que hará su trabajo, ya que tenemos la seguridad de que
los diputados estarán al pendiente de la revisión que aplique la Auditoria                      Superior del Estado (ASE), donde se requerirá de revisar bajo lupa,
sobre algunas cuentas públicas a fin de transparentar la aplicación de
recursos que forman parte del patrimonio de los potosinos”, agregó.

El diputado Ricardo Villareal Loo, insistió en señalar que el proceso de
fiscalización de las cuentas públicas, se deberá llevar a cabo alejado de
intereses político-partidistas, tendrá que prevalecer la transparencia en
las revisiones, pues a diferencia de años anteriores, ahora la ASE,
tendrá que aplicar una fiscalización de 9 meses de las anteriores
administraciones municipales y 3 meses de las actuales.